Ilustración: comparación entre la Ley 19.628 de 1999 y la Ley 21.719 de protección de datos personales

Quien busca hoy «Ley 19.628» suele encontrarse con dos textos distintos bajo el mismo número: la ley original de 1999 sobre protección de la vida privada y la versión que resulta de las modificaciones de la Ley 21.719. Entender esa diferencia es el primer paso para saber qué tiene que cambiar tu empresa antes de su entrada en vigencia, prevista para el 15 de octubre de 2027.

La diferencia en una frase

Resumen ejecutivo

La Ley 19.628 reconocía derechos, pero dejaba su defensa en manos de los tribunales civiles y con multas de pocas UTM. La Ley 21.719 la modifica en profundidad: crea la Agencia de Protección de Datos Personales, amplía los derechos a los ARSOP, exige acreditar una base de licitud, regula las transferencias internacionales, obliga a reportar vulneraciones de seguridad y eleva las multas hasta 20.000 UTM. Su entrada en vigencia está prevista para el 15 de octubre de 2027.

¿Qué es la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada?

La Ley 19.628, sobre protección de la vida privada, fue promulgada el 18 de agosto de 1999 y publicada el 28 de agosto de ese año. Fue la primera ley general de datos personales en Chile y también se la conoce como «Ley Dicom», porque buena parte de su texto regula los datos de obligaciones económicas, financieras y comerciales.

En su versión original, la ley establecía tres ideas centrales:

  • Consentimiento escrito o autorización legal. Según su artículo 4, los datos solo podían tratarse cuando la ley lo autorizara o el titular consintiera expresamente, con una autorización que debía constar por escrito.
  • Derechos de información, modificación, eliminación y bloqueo. El artículo 12 permitía al titular saber qué datos suyos se trataban, de dónde venían y a quién se comunicaban, y exigir que se corrigieran, eliminaran o bloquearan.
  • Defensa ante tribunales. Si el responsable no respondía en dos días hábiles o rechazaba la solicitud, el titular debía recurrir al juez de letras en lo civil (artículo 16). El juez podía aplicar multas de una a diez UTM, o de diez a cincuenta UTM en ciertos casos.

¿Por qué la Ley 19.628 quedó obsoleta?

La ley se escribió antes de la masificación del comercio electrónico, las redes sociales, la nube y la analítica de datos. Con los años, sus límites quedaron a la vista:

  • No había autoridad de control. Nadie fiscalizaba de oficio. Cada titular tenía que litigar por su cuenta.
  • Las multas no disuadían. Montos de una a cincuenta UTM no cambian conductas en una empresa mediana o grande.
  • El consentimiento era casi la única puerta. La ley no ofrecía un catálogo moderno de bases de licitud como el contrato o el interés legítimo.
  • No regulaba la realidad digital. No contemplaba reglas específicas para transferencias internacionales, decisiones automatizadas, portabilidad ni notificación de incidentes.

La Ley 21.719, publicada en el Diario Oficial en diciembre de 2024, responde a esas carencias. Un detalle técnico que confunde a muchos: no deroga la Ley 19.628, la reescribe. El número 19.628 se mantiene, pero su contenido cambia. Por eso, cuando se cita la escala de multas, se habla de los artículos 34 bis, 34 ter, 34 quáter y 35 «que la Ley 21.719 incorpora a la Ley 19.628».

Tabla comparativa: Ley 19.628 vs Ley 21.719

Esta tabla compara el régimen actual de la Ley 19.628 con el texto que regirá desde su entrada en vigencia, prevista para el 15 de octubre de 2027. Los artículos de la columna derecha son los que la Ley 21.719 incorpora a la Ley 19.628.

Materia Ley 19.628 (1999) Ley 21.719 (vigencia prevista: 15 oct. 2027)
Autoridad fiscalizadora No existía. Los conflictos iban a tribunales civiles. Agencia de Protección de Datos Personales, con facultades para fiscalizar, sancionar y resolver reclamos (arts. 30 y 30 bis).
Derechos del titular Información, modificación, eliminación y bloqueo (art. 12). ARSOP: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo (art. 4), más el derecho frente a decisiones automatizadas (art. 8 bis).
Plazo para responder al titular Dos días hábiles; luego, reclamo judicial (art. 16). Treinta días corridos, prorrogables una vez por otros treinta (art. 11). Bloqueo temporal: dos días hábiles.
Bases de licitud Autorización legal o consentimiento expreso y por escrito (art. 4). Consentimiento libre, informado, específico e inequívoco (art. 12), más obligación legal, contrato, interés legítimo, datos económicos y financieros, y defensa de derechos (art. 13).
Sanciones Multas judiciales de 1 a 10 UTM, o de 10 a 50 UTM en ciertos casos (art. 16). Leves: amonestación o hasta 5.000 UTM. Graves: hasta 10.000 UTM. Gravísimas: hasta 20.000 UTM (art. 35).
Reincidencia Sin régimen especial. Hasta el triple de la multa; en empresas que no son de menor tamaño, hasta el 2% (graves) o 4% (gravísimas) de los ingresos anuales (art. 35).
Transferencias internacionales Sin régimen específico. Permitidas a países adecuados, con cláusulas contractuales, normas corporativas vinculantes o modelos de certificación, y excepciones tasadas (arts. 27 y 28).
Vulneraciones de seguridad (brechas) Sin deber de reporte. Reporte a la Agencia «por los medios más expeditos posibles y sin dilaciones indebidas», y aviso a los titulares en ciertos casos (art. 14 sexies).
Seguridad y diseño Deber de cuidar los datos «con la debida diligencia» (art. 11). Protección desde el diseño y por defecto, y medidas de seguridad según el riesgo (arts. 14 quáter y 14 quinquies).
Evaluación de impacto (EIPD) No existía. Obligatoria antes de tratamientos de alto riesgo (art. 15 ter).
Delegado y programa de cumplimiento No existían. Delegado de protección de datos voluntario (art. 50) y Modelo de Prevención de Infracciones voluntario y certificable por la Agencia (arts. 49 y 51).
Ámbito territorial No regulado expresamente. Incluye a responsables extranjeros que ofrecen bienes o servicios a personas en Chile o monitorean su comportamiento (art. 1 bis).

Los cambios de la Ley 21.719 que más impactan a una empresa

1. Una Agencia que fiscaliza de oficio

Con la Ley 19.628, el riesgo dependía de que un titular demandara. Con la Ley 21.719, la Agencia de Protección de Datos Personales puede requerir documentos e información, iniciar procedimientos sancionatorios de oficio o por reclamo y aplicar multas. Explicamos sus atribuciones en detalle en qué es la Agencia de Protección de Datos Personales.

2. Acreditar la licitud deja de ser opcional

La nueva ley dice expresamente que el responsable debe acreditar la licitud del tratamiento (art. 13). En la práctica, cada tratamiento necesita una base documentada: el consentimiento ya no es la respuesta por defecto y tiene requisitos más exigentes, como poder revocarse en cualquier momento por medios equivalentes a los usados para darlo (art. 12).

3. Derechos ARSOP con plazos y trazabilidad

Los derechos ARSOP se ejercen ante el responsable, por correo electrónico, formulario de contacto o medio equivalente. El responsable debe acusar recibo, responder por escrito dentro de treinta días corridos y guardar respaldo de la respuesta (art. 11). Si la rechaza o no responde, el titular puede reclamar ante la Agencia.

4. Reporte de vulneraciones de seguridad

Cuando una vulneración genera un riesgo razonable para los derechos de los titulares, hay que reportarla a la Agencia sin dilaciones indebidas y registrarla. Si afecta datos sensibles, datos de niños y niñas menores de catorce años o datos de obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales, también hay que comunicarla a los titulares (art. 14 sexies). Para preparar ese proceso, revisa nuestro servicio de gestión de brechas.

5. Sanciones que sí pesan

La escala pasa de decenas de UTM a miles. Además, si la empresa no subsana dentro del plazo que fije la Agencia, se aplica un recargo del 50% sobre la multa, y las sanciones se inscriben en el Registro Nacional de Sanciones y Cumplimiento, que es público. El detalle está en la guía de multas y sanciones de la Ley 21.719.

¿Qué debe hacer una empresa que cumplía la Ley 19.628?

Si tu empresa ya tenía políticas pensadas para la Ley 19.628, hay base para reutilizar, pero no alcanza. Lo que exige la ley es distinto de lo que recomendamos como método de trabajo, así que lo separamos:

Exigencias legales de la Ley 21.719 (con su artículo):

  • Acreditar una base de licitud por tratamiento (arts. 12 y 13).
  • Publicar la información del artículo 14 ter: política de tratamiento, categorías de datos, destinatarios, finalidades, plazos de conservación, transferencias y canal para los titulares.
  • Atender los derechos ARSOP en los plazos del artículo 11.
  • Adoptar medidas de seguridad y reportar vulneraciones (arts. 14 quinquies y 14 sexies).
  • Hacer una EIPD antes de tratamientos de alto riesgo (art. 15 ter).
  • Ajustar las transferencias internacionales a los artículos 27 y 28.

Recomendaciones de Primaris (método, no mandato legal):

  • Partir con un inventario de tratamientos (RAT) que ordene finalidades, bases, destinatarios y plazos: es la forma práctica de demostrar todo lo anterior.
  • Revisar contratos con proveedores que tratan datos por cuenta de la empresa.
  • Designar un delegado de protección de datos, aunque sea voluntario, para que alguien sea dueño del cumplimiento.
  • Evaluar después el Modelo de Prevención de Infracciones, que la ley considera atenuante.

Con nuestra metodología, una implementación completa toma habitualmente entre 2 y 3 meses. El plazo depende del número de tratamientos, del punto de partida (políticas existentes, ISO 27001), de cuántas razones sociales y sedes entran y de la disponibilidad de tu equipo.

¿Tus políticas siguen escritas para la Ley 19.628?

Revisamos lo que ya tienes, identificamos qué sirve y qué falta frente a la Ley 21.719, y lo implementamos con evidencias operando en Confirmer360. El precio sale de un cuestionario en línea de 3 a 5 minutos.

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Preguntas frecuentes

¿La Ley 21.719 deroga la Ley 19.628?

No la deroga: la modifica en profundidad. La Ley 21.719 reescribe el contenido de la Ley 19.628, que conserva su número pero pasa a tener nuevos principios, derechos, obligaciones, una Agencia de Protección de Datos Personales y un régimen de sanciones. Por eso las nuevas normas se citan como artículos de la Ley 19.628 incorporados por la Ley 21.719.

¿Sigue vigente la Ley 19.628?

Sí. Hasta que entren en vigencia las modificaciones (fecha prevista: 15 de octubre de 2027), rige el texto actual de la Ley 19.628. Desde esa fecha se aplica el texto modificado por la Ley 21.719.

¿Qué derechos daba la Ley 19.628 a los titulares?

El artículo 12 reconocía el derecho a pedir información sobre los propios datos y a exigir su modificación, eliminación o bloqueo. Si el responsable no respondía en dos días hábiles, el titular debía recurrir al juez de letras en lo civil. La Ley 21.719 amplía el catálogo a los derechos ARSOP: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo, más el derecho frente a decisiones automatizadas.

¿Cuáles eran las multas de la Ley 19.628?

En el procedimiento judicial del artículo 16, el juez podía aplicar multas de una a diez UTM, o de diez a cincuenta UTM en ciertas infracciones. Con la Ley 21.719 las multas las aplica la Agencia y llegan hasta 5.000 UTM en infracciones leves, 10.000 UTM en graves y 20.000 UTM en gravísimas.

¿Mi política de privacidad basada en la Ley 19.628 sirve para la Ley 21.719?

Sirve como punto de partida, pero no basta. La Ley 21.719 exige informar más contenido (artículo 14 ter), acreditar una base de licitud para cada tratamiento, responder solicitudes en plazos nuevos y reportar vulneraciones de seguridad a la Agencia. Hay que revisarla y completarla.

¿Desde cuándo rigen los cambios de la Ley 21.719?

La Ley 21.719 fue publicada en el Diario Oficial en diciembre de 2024 y su entrada en vigencia está prevista para el 15 de octubre de 2027. Desde esa fecha la Agencia de Protección de Datos puede fiscalizar y aplicar sanciones efectivas.

Fuentes: Ley 19.628 y Ley 21.719 en LeyChile (Biblioteca del Congreso Nacional). Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal para un caso concreto.